Piden derogar la ley que dio control político sobre los fiscales

La ley había surgido cuando miembros del poder Legislativo eran investigados y funcionó como instrumento de disciplinamiento de la justicia provincial.

La Cámara de Diputados abre el debate para derogar la ley 13.807 que adjudicó a la Legislatura el “control político” del Ministerio Público y el poder de sancionar y echar a  fiscales, en 2017, cuando varios senadores –que impulsaron la norma- eran investigados en causas por corrupción. La diputada peronista Matilde Bruera y su colega de la UCR Fabián Palo Oliver pidieron esta semana –en el recinto- que la reforma se trate “lo antes posible” para volver al régimen disciplinario de la ley orgánica del MPA (13.013) que asignaba el enjuiciamiento de los fiscales a un Tribunal de Disciplina, similar al jury previsto para los jueces de la provincia. Bruera y Palo Oliver solicitaron que sus proyectos se consideren en forma conjunta con otro que el fiscal general Jorge Baclini presentó el martes ante la Junta Provincial de Seguridad y ahora comunicará a ambas Cámaras. Los tres proponen lo mismo: desarmar a la Legislatura de la “espada de Damocles” que amenaza a los fiscales y terminar con un sistema disciplinario operado por la comisión de Acuerdos y la Asamblea Legislativa que la presidenta de la Asociación de Fiscales de Santa Fe Gisela Paolicelli llamó “despótico y extorsivo”. “Tenemos el pleno convencimiento que los legisladores y legisladoras que estén realmente comprometidos con la legalidad, los principios republicanos y la lucha contra la corrupción, analizarán la forma de modificar este despótico y extorsivo sistema disciplinario”, planteó Paolicelli.

Bruera y Palo Oliver promovieron el debate de la ley 13.807, el martes, en la última sesión extraordinaria. El jueves, en el Senado, el senador Armando Traferri volvió a denunciar a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que pidieron su desafuero en diciembre de 2020 para imputarlo en una causa por corrupción. Tras el discurso de Traferri, su compañero de bloque y presidente de la comisión de Acuerdos, Joaquín Gramajo, pidió a la presidenta del Senado, Alejandra Rodenas, que remita todos los antecedentes a la bicameral. Ya el 18 de marzo, Traferri había ampliado su denuncia a Schiappa Pietra y Edery, veinticuatro horas antes de que la Asociación de Fiscales de Santa Fe denunciara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el “ataque sistemático” al MPA y la “persecución” de Traferri a los dos fiscales que lo investigan para apartarlos de la causa. “Espero que de una vez por todas que estas denuncias avancen y no como algunos pícaros que quieren mandarlas al archivo”, dijo el legislador.

La ley que adjudicó a la Legislatura el “control político” de los fiscales fue impulsada por Traferri y los senadores del Frente Progresista Felipe Michlig, Lisandro Enrico y Emilio Jatón, en noviembre de 2017, y sancionada la misma tarde en ambas Cámaras. En 2018, en otro trámite exprés se aprobó una segunda versión que es la que está vigente hoy, la ley 13.807.

Bruera propuso derogar la ley antifiscales en abril de 2021. Palo Oliver presentó el segundo proyecto con el mismo objetivo, el 31 de marzo. Y el martes, Baclini llevó a la Junta Provincial de Seguridad la tercera propuesta, que en su artículo 20 expresa: “Los fiscales tienen estabilidad en el cargo y sólo podrán ser removidos, suspendidos o multados por la comisión de faltas graves con intervención del Tribunal de Disciplina”. Ya no por la Legislatura.

Palo Oliver interpretó la iniciativa de Baclini como un respaldo a los dos proyectos que ya están en la Cámara. “Es la segunda vez” que el jefe del MPA expresa ante la Junta Provincial de Seguridad “la necesidad de reformar el régimen disciplinario de los fiscales”. Lo hizo en la primera reunión –en la que participó el gobernador Omar Perotti- el 17 de febrero y nuevamente el martes, ya con el proyecto redactado. “Y también manifestó su apoyo a la reforma el secretario de Justicia de la provincia, el doctor Gabriel Somaglia. Me parece que hay que tomar nota y abordar este debate”, propuso el radical.

La diputada Bruera coincidió: “Hace más de un año que el proyecto de ley que presenté está en la comisión de Asuntos Constitucionales. Por lo tanto, pido que se trate lo antes posible, junto con el proyecto del diputado Palo Oliver”. Ahora, se sumaría el de Baclini.

El debate asoma en otro contexto, en el que varios legisladores se arrepintieron de haber votado la ley antifiscales, en 2017 y 2018. Hay que terminar con “el nefasto intento de condicionar” a los fiscales “desde la política” y cerrar esta “devastadora experiencia institucional”, dijo Palo Oliver. Su proyecto ya sumó las firmas de sus colegas Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad). Y el de Bruera, el apoyo de sus compañeros del peronismo (Leandro Busatto, Luis Rubeo, Lucila De Ponti, Paola Bravo y Ricardo Olivera, que es presidente del PJ). Varios de ellos votaron la ley impulsada por Traferri y compañía, hace cinco años.

El cambio quedó a la vista a fines de marzo, cuando la presidenta de la Asociación de Fiscales, Gisela Paolicelli dijo estar convencida que “los legisladores y legisladoras de Santa Fe que estén realmente comprometidos con la legalidad, los principios republicanos y la lucha contra la corrupción, analizarán la forma de modificar este despótico y extorsivo sistema disciplinario” del MPA.

La ex diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez le contestó que ella había votado la ley 13.807 y se arrepintió. “Voté esa ley, ahora viéndolo a la distancia y las consecuencias de su aplicación creo que fue un error importante y me hago cargo”.

El fiscal Sebastián Narvaja –que en 2017 investigaba a los senadores y sufrió las consecuencias- valoró el “acto de honestidad y generosidad política” de Gutiérrez. “Sabemos que hay más legisladores y legisladoras que piensan igual. Lo dicen en privado, qué importante sería que rompan el silencio”.

Gutiérrez agradeció el gesto de Narvaja, pero asumió su error. “Es la verdad y no tengo razón para ocultarla, puede ser un suicidio político para mi. Ya lo dije, asumo las consecuencias que pueda traerme”.

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