Ariel Larroude confirmó su pronóstico sobre el progreso de la violencia urbana. La policía como parte del problema. El trabajador pobre, nuevo actor. Los «tira tiros». El lavado. La diferencia con Medellín y Sinaloa.

En una Rosario donde la economía sigue en expansión, donde el desempleo es inferior al promedio nacional, la cantidad de homicidios es récord y la violencia que genera el crimen organizado no disminuye. Para Ariel Larroude –abogado, consultor en políticas de seguridad pública, y ex director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación– una forma de explicar esa supuesta paradoja es el deterioro del poder adquisitivo de las capas populares, con trabajo pero en la pobreza. Eso haría que allí sean cada vez más consideradas fuentes alternativas de ingreso como el narcomenudeo. Y ahí todo se complejiza. Además, sostiene que aquí la policía no regula la violencia sino que disputa directamente con las bandas el poder del territorio y la renta de las economías ilegales. Clama por una depuración urgente de la fuerza de seguridad, y vaticina que de seguir así, se agravará la violencia urbana, los crímenes con víctimas ajenas al delito.

A principios de años postulaba como premisas para empezar una solución a la violencia criminal en Rosario separar a la Policía local del control de la calle, cambiar la ley de drogas vigente y hacer análisis criminal en serio. ¿Estos meses le dieron la razón?

—Más que a mí, estos meses le dieron la razón a la inteligencia criminal, que es una herramienta cada vez más importante para la prevención de escenarios de violencia y para el desarrollo de políticas de seguridad. Igual, en lo personal, lo que más me dolió es que las autoridades públicas habiendo tenido esta información no nos hayan convocado a ninguna mesa de trabajo. Ni la Gobernación, ni el Ministerio de Seguridad nos convocó formalmente a nada. El único que me llamó fue el intendente Javkin, con quien amistosamente tomamos un café pero después no charlamos más. Lamentablemente, este escenario de violencia se veía venir ya desde principios de año, lo anticipamos y nadie hizo nada. Veremos en marzo, si con la segunda parte del informe “Rosario, un sueño de paz” nos convocan.

A diferencia de otros años en los ’90 y 2000, hoy el Gran Rosario tiene tasa de desempleo en baja, inferior al promedio nacional. ¿Cuánto sirve esa tendencia para pacificar sus calles?

—Lo que ocurre es que estamos viviendo con un nuevo actor social, que es el trabajador pobre. Es decir, aquel que aún estando empleado no llega a fin de mes. Algo que escapa a la lógica de formales e informales, como categorías tradicionales de lo laboral. Esa realidad es la que hace que aquel que está trabajando necesite desarrollar alternativas de subsistencia y de allí que los mercados ilegales se proliferen y se perfeccionen. Sin embargo, en la Argentina, hay que dividir dos situaciones: aquellas que se dan en la mayor parte de las ciudades del país y lo que sucede en Rosario. Mientras que en el resto de los distritos nacionales los procesos de organización y profesionalización de mercados ilegales es monitoreado por la policía, quien participa activamente de las ganancias pero mantiene a raya cierto nivel de conflictividad para que no atenten contra el negocio, en Rosario esa regulación la ejercen las mismas bandas criminales pero sin el monitoreo de las fuerzas policiales, las que disputan el negocio con esos mismos grupos que por mandato deberían investigar y reprimir. En ese sentido, la violencia, al ser un campo expansivo y reactivo, no va a encontrar en el empleo un elemento capaz de morigerarla si los salarios no alcanzan para mantener un nivel y proyecto de vida adecuado. Por eso en Rosario se dan estos escenarios, donde aún con bajas en las tasas de desempleo, se mantiene un alto nivel de violencia.

Una imagen repetida más que nunca este año en Rosario.  Foto: Sebastián Granata.

Javkin ha requerido ya de manera abierta acceso al diseño de políticas de seguridad en Rosario. ¿Qué valor tendría eso?

—Es que el problema de Rosario no es la delincuencia ordinaria, como puede ocurrir en otros distritos de la Argentina. Hablo de categorías delictivas tradicionales como el robo y el hurto que sí pueden ser atravesadas por elementos locales, tanto policiales como jurisdiccionales. El problema de Rosario es que la policía de la que quiere hacerse cargo el intendente está atravesada por múltiples investigaciones que han comprobado su participación y connivencia con estructuras criminales. Concretamente: no es un problema de centralización o descentralización de las órdenes sobre la fuerza policial sino más bien que el problema es la policía atomizada que disputa poder con las bandas criminales en la ciudad. Más allá de que se descentralice la organización y dirección de la policía, en tanto haya participación de ésta en el delito, resulta imposible pensar en un esquema nuevo que traiga soluciones. Por esta razón, hay que separar a la Policía rosarina de sus funciones preventivas, investigativas y represivas para depurarse y formar cuadros nuevos; mientras que las fuerzas federales deberían ocupar ese vacío por lo menos durante los próximos cuatro años.

Un rasgo nuevo que se afirma este año es la repetición de víctimas «inocentes» en los homicidios de la criminalidad organizada: personas que resultan heridas o asesinadas y que eran ajenas al interés de sus homicidas. ¿Cómo hay que leer esta característica emergente de la violencia urbana hoy?

—La violencia, al ser un campo reactivo y expansivo, hace que si no está organizada o monitoreada por otra fuerza que la reduzca o la morigere, tienda indefectiblemente a acrecentarse. Lamentablemente, estos sucesos seguirán, cuestión que además de exponer seriamente a los organismos de prevención, expone también de sobremanera la falta de gerenciamiento de la criminalidad sobre esa violencia, la que está en manos de jóvenes propensos a resolver las contiendas a los tiros sin entender que esa violencia atenta contra el mismo negocio que se están disputando.

Según el Observatorio del Ministerio de Seguridad provincial, uno de cada tres homicidios en Rosario fue realizado por encargo, lo que se conoce como ‘sicariato’. ¿Este fenómeno llegó para quedarse?

—El sicariato siempre existió en la Argentina. El tema pasa que por sus características el sicario es un trabajador de la muerte, un profesional, alguien formado para matar por encargo sin llamar la atención y sin dejar rastros. En Rosario se está llamando sicario al que mata desde una moto, haya o no gente cerca. Quizá sea esta una nueva categoría sicaria, algo más parecido a los matones colombianos de los ’80 donde no solo se buscaba la muerte del objetivo sino el pánico social, cuestión que escapa a la figura del sicariato propiamente dicho. Yo diría que en tanto esta guerra de bandas siga, estas figuras del mundo del hampa van a seguir existiendo con el riesgo de que cada vez estos homicidios caigan en manos de jóvenes inexpertos, donde las consecuencias puedan ser aún mayores.

¿Qué similitudes guarda el caso Rosario con territorios con fama anterior de hegemonía narco como Medellín, Sinaloa, Ciudad Juárez, etc.

—La única diferencia es que todavía la economía rosarina no está impulsada, motivada o anclada por el narcotráfico sino por la agro-industria que, aun moviéndose en la sombra, no necesita de la violencia letal para expandirse. Mientras esto se mantenga, es posible una solución. Ahora bien, si proliferan las investigaciones y resulta cada vez más evidente el nexo entre ciertos sectores del agro con los grupos narcos a través del lavado de activos, por medio del transporte ilegal de sustancias por el río Paraná todo será más difícil. En las ciudades latinoamericanas que me nombrás, las economías estaban (y están) ligadas profundamente al narcotráfico, siendo este su motor principal. Todavía eso en Rosario no sucede. Principalmente, porque nuestro país no produce droga, ni la exporta. En todo caso toma parte en la elaboración del producto final y nuestras vías navegables sirven para el transporte y tránsito de esa mercadería.

Una nueva mirada sobre femicidios incluye los casos de mujeres asesinadas en contexto de violencia narco y ya no solo de violencia doméstica. La explicación es que perdieron la vida de forma violenta mientras cumplían funciones asignadas a su género, tales como el cuidado de los hijos o la limpieza del hogar. ¿Coincide con eso? ¿Cabe incluir esos crímenes como femicidios?

—La pauta del femicidio está dada por el contexto de violencia entre el hombre y la mujer. Es difícil pensar una categorización de femicidio en términos, por ejemplo, del sicariato, sin esa pauta previa. Pero sí es posible clasificar al homicidio en el marco del criminalidad compleja que en determinadas situaciones pueden estar atravesadas por cuestiones de género. Igual dependerá del caso concreto y no de categorías prefijadas. La categoría del femicidio fue un gran avance para concientizar la violencia machista e incrementar su castigo en términos penales, pero las categorías delictivas no son elásticas y por el solo hecho de querer incorporar supuestos lo que se rompe es la misma construcción que se piensa fortalecer.

¿Cómo disminuir la circulación de armas de fuego en la población civil?

—Con planes de desarme de la población civil que otorguen fuertes incentivos económicos y educativos, con profundas políticas sociales de contención de los sectores vulnerables, principalmente aquellas ligadas a la creación de redes interpersonales como pueden dar el deporte, los movimientos culturales y la política. Hay que aprovechar que Central y Newell’s están en la ciudad y que muchos de nuestros campeones del mundo salieron de esos clubes. Esa es la piedra fundamental para comenzar a transformar el juego de expectativas que envuelve a los jóvenes de la ciudad y la que hoy está atravesada por la violencia. Como digo reiteradamente, antes en el barrio se nos respetaba por jugar bien a la pelota, hoy por tener un arma en la mano. Eso es lo que hay que cambiar. Esta fue una de nuestras propuestas en el informe Rosario, un sueño de paz, pero como te decía anteriormente no nos dieron importancia y acá tenés el resultado: la tasa de homicidios más alta de la historia de la ciudad y casi la totalidad de las muertes ligadas al uso de armas de fuego.

¿Cómo evitar que el crimen organizado continúe siendo instigado y planificado desde el interior de las cárceles?

—Pensando la cárcel no solo como un lugar de resocialización sino también, para determinados delincuentes, como un posible lugar de planificación y de mantención de estructuras criminales. Con esto quiero decir que a cierto nivel de delincuencia, a cierto rendimiento económico ilegal, es necesario desarrollar estructuras de inteligencia criminal capaces de anticipar los movimientos criminales. La dificultad la encontramos en la complejidad del delito que, por su envergadura y capacidad de penetración, corrompe las estructuras estatales dedicadas a su investigarlas y controlarlas. Pero no es imposible si se tiene la voluntad política de interceder frente a este fenómeno, lo que atañe también a la cuestión federal en tanto son personas privadas de la libertad alojadas en establecimientos federales. Un detalle no menor a la hora de planificar el seguimiento de los casos que han salido a la luz y aquellos que en un futuro podrán aparecer.